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“El derecho a huelga es de los trabajadores, no de los sindicatos”

  • Claudio Alpízar, analista político

Actualmente se encuentra en consulta de constitucionalidad el proyecto de ley 21049, que pretende regular el derecho de huelga en nuestro país. La iniciativa, que ya recibió un primer voto afirmativo de parte de los diputados, establece cuáles servicios son esenciales y por tanto le quedan prohibidas las huelgas, determina que las manifestaciones contra políticas públicas no pueden durar más de 48 horas, busca acelerar las declaratorias de legalidad o no de los movimientos y establece la suspensión de los salarios de los trabajadores desde el primer día de huelga, entre otros aspectos.

Se trata de una iniciativa que no ha estado exenta de polémica, por eso conversamos con el politólogo Claudio Alpízar, quien considera que el proyecto de ley parte de un grave error. A continuación, un extracto del diálogo.

Laura Ávila Chacón
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¿Qué opinión le merece el proyecto de ley para regular el derecho de huelga en nuestro país? ¿Hay algún aspecto que le preocupe en particular?

Cualquier comentario en relación al proyecto tiene que estar dentro de un marco de referencia. Pienso que se ha estado cometiendo el error de buscar un choque entre el sector público y el privado con grandes daños colaterales, y uno de ellos es este proyecto de huelga. Hay un error profundo y es que el derecho de huelga es del trabajador, esté o no sindicalizado, entonces cuando se restringe de una u otra forma, lo que se está restringiendo es un derecho establecido a nivel mundial por la OIT para los trabajadores.

Pero son los sindicatos los que llaman a huelga…

Ciertamente los sindicatos son gremios de trabajadores y por supuesto que en algunas ocasiones las huelgas surgen desde esos grupos, pero igual por ejemplo son un sindicato las cámaras empresariales. Lo que digo es que yo vengo muy preocupado por ese choque que se está provocando. 

¿Están en desventaja real los empleados privados?

Ciertamente los empleados públicos tienen mayores ventajas que una gran cantidad de empleados privados. Pero dentro del marco de la crisis económica que vivimos, con un país tan caro para vivir como éste y la falta de recursos que tienen las familias la gran pregunta es: ¿ganan mucho los empleados públicos o ganan poco los privados?, ¿será que la vida, que es tan costosa en Costa Rica, lo es un poco menos para los empleados públicos que para los del sector privado? El tema es mucho más profundo de lo que se ha estado planteando.

¿Dónde está el desenfoque?

De una u otra manera hay en parte del sector empresarial un interés exagerado en tratar de pasar las facturas de las dificultades económicas o de falta de recursos del Gobierno al sector público, tratando de obviar que hay una gran cantidad de ciudadanos costarricenses, por no decir empresarios, que provocan grandes problemas en los recursos del Estado por la evasión. Hay gran interés de que haya un culpable y me da la impresión que, junto con algunos medios de comunicación, se ha centrado mucho la atención en hacer pensar que todos los problemas que estamos viviendo son por culpa del sector público. 

¿Exime al sector público de la situación que vive el país?

Hay también culpa del sector público, y está en el que los sindicatos y muchos empleados han dejado de dar los mejores servicios y dentro de ese marco hay un doble ataque a la ciudadanía, que no está recibiendo los servicios de calidad que le liberen de gastos adicionales: medicina privada, educación privada, universidades privadas, entonces esa falta de dar bien los servicios públicos es otro condimento por el cual el ciudadano se siente resentido y se suma a esa culpa que quieren cargarle los sectores privados, que son muy poderosos, al sector público como el culpable de las débiles finanzas del Estado. 

Hay quienes afirman que el proyecto es un retroceso en materia de derechos laborales en nuestro país ¿qué opinión tiene?

Si claro, y le voy a decir por qué, porque en el caso de la moción que presentó el diputado Pedro Muñoz para que no se paguen salarios cuando la gente se levanta en huelga, eso ya es un condicionamiento para que no se dé. ¿Y por qué? Porque puede ser que alguien esté padeciendo grandes injusticias, pero el simple hecho de que no se le paguen tres o más días puede representar la comida de sus hijos, el pago del crédito o faltantes en su economía y por supuesto que nadie va a querer ir a una huelga a sabiendas de que de inmediato se le va a retirar su salario. De poco sirve un derecho si desde las mismas leyes se empieza a restringir ese derecho. Estamos jugando un doble juego, una Constitución Política que habla y promueve los derechos y las libertades, pero por otro lado las leyes paralelas que evitan que sucedan.

¿Fue la huelga del año pasado el punto de inflexión?

Lo más importante es tener equilibrio en el análisis. Porque ciertamente el problema que se presentó con una huelga tan larga, de casi tres meses, generó molestias en las familias que no solamente ven desmeritada la educación de sus hijos sino que también sienten que no hay una vocación en los maestros y profesores. Por otro lado, también se caldeó el ámbito político puesto que parecía que había intransigencia en los maestros, sin embargo también aquí, en ese equilibrio, hay que ser realistas, pues el Gobierno no tuvo las habilidades ni fue consecuente con lo que ha planteado varias veces sobre diálogo para llegar a acuerdos. Si se pretende que las huelgas se acaben con la ley eso es ficticio, siempre van a existir porque cuando el pueblo se comienza a calentar es como una olla de presión y quien quita que lo más prudente sea que hayan estas pequeñas huelgas para liberar la presión de esa olla, ya que si no se permite que salga ese vapor puede ser que explote en una manifestación como la que pasó en Nicaragua, después de toda la presión que sentía la gente.

¿Cómo valora la estrategia de los sindicatos de insistir en medidas de presión que comprometen el derecho de otros ciudadanos?

Ese es el gran problema, pero quien tiene que ejercer el poder de árbitro en esa relación es el Gobierno de la República. No puede estar a favor de los sindicatos o de los empresarios, debe jugar un papel de intermediario y tiene que buscar siempre que en esa relación de intereses no salga perjudicado el ciudadano. Por supuesto que cuando se toman este tipo de decisiones los que van a sufrir son los ciudadanos, pero hay que analizar también la urgencia de retomar en Costa Rica la democracia social, no lo que se ha venido promoviendo en los últimos años donde lo que importa es si hay o no recursos, y poco interesa si la gente tiene las necesidades básicas satisfechas en sus familias. Esa pérdida de visión social le puede pasar a nuestra sociedad una factura muy grande.

¿Se han roto los lazos del encuentro y el diálogo social en nuestro país?

Nuestros gobernantes se acostumbraron a gestar sus administraciones en el bipartidismo, donde era muy sencillo, pero la sociedad cambió, se atomizó, ahora los intereses no son de masas sino de particularidades y a nuestros políticos les está costando mucho interpretar esa nueva sociedad donde ya yo no puedo dar un mensaje en masa sino que hay particularidades que se deben tratar. Nuestros políticos siguen dando recetas generalizadas, y lo que falta es una visión política acorde con el cambio. Hay grupos y sectores que requieren acuerdos particulares, como en el caso de Limón con los trabajadores de Japdeva, o los pescadores en Puntarenas. Es un tema de humanidad, ya no es legalidad, sino humanidad con las familias que dependen de la pesca artesanal, por ejemplo, y les estamos complicado la vida con la factura electrónica y el IVA. Entonces, ¿de qué vale la democracia si en mi familia hay hambre?, ¿de qué vale el derecho al voto y la libertad de expresión cuando hay estómagos vacíos? No se puede desarrollar una economía sobre el marco de gente que está con hambre, que no tiene vivienda o vive en la inseguridad. Hoy en día parece que el bien es para unos pocos y el común para las mayorías.

¿Es optimista o pesimista sobre el futuro de nuestro país?

Antes de quejarse hay que ver para atrás. Costa Rica está mejor que muchos países de América Central y de América, pero también es cierto que en los últimos tiempos hemos venido en un decrecimiento del bienestar social, y en esa lucha que se está estableciendo por evitar las huelgas, por debilitar que la gente se pueda manifestar, cuidado sino lo que se va a provocar es todo lo contrario, que la gente se levante de una forma masiva y entonces si vamos a ver al ciudadano padeciendo las circunstancias como pasó en Argentina o en otras latitudes por una visión meramente economicista donde lo importante es cuánto tenemos y cuánto no tenemos. Soy optimista cuando veo el recurso humano, como en las particularidades propias de nuestras familias cuando tratamos de hacer lo mejor, pero soy pesimista en cuanto a quienes dirigen el país. 

¿Está en riesgo la democracia y la paz social?

Nuestra democracia puede estar en riesgo más por la desigualdad y no tanto por la institucionalidad, porque la institucionalidad ha demostrado de que a pesar de que hay algunas figuras quieren hacer algo, no se les permite porque hay leyes, reglamentos, Sala IV y demás que pueden debilitar sus intenciones. Repito, la institucionalidad es la que nos salva, pero muchas veces las democracias han caído no por la institucionalidad sino por el hambre. Venezuela era una democracia sólida y el hambre acabó con ella cuando llegó Hugo Chávez, por ejemplo.

 

 

 

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