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El Estado no regala dinero a la Iglesia

  • Conferencia Episcopal no recibe dinero del gobierno desde el 2015
  • Diputada que promueve Estado Laico utiliza erróneamente datos para justificar proyecto de Ley.

Danny Solano Gómez
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“En el último año más de 3.500 millones se le dieron a la Iglesia Católica, dinero que todos los contribuyentes de este país hemos dado y lo cual es injusto”. Estas fueron las palabras de la diputada María Vita Monge, el pasado 2 de mayo en la edición meridiana de Telenoticias. 

La congresista promueve un proyecto de ley para reformar el artículo 75 de la Constitución Política y declarar el Estado como laico. 

No obstante, cuando Eco Católico le preguntó a la integrante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) si sabía a qué correspondían esos fondos y para qué se utilizaban, no supo responder, únicamente dijo que lo vio en un informe del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, el informe que envió a través de su encargado de prensa ni siquiera era del último año, sino del período 2010-2015 (Eco Católico posee dicho informe y el de los últimos cinco años). 

Incluso, aunque Monge mencionó en la entrevista que se apoyó en dicho documento para hacer la justificación del borrador del proyecto de Ley, la referencia que aporta en este documento es una nota periodística de La República, publicada el 20 de abril de 2016. 

La Conferencia Episcopal de Costa Rica, CECOR, informó, nuevamente, que desde el 2015 en adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dejó de girar dinero a la Iglesia Católica. 

¿A qué corresponden los 3.500 millones?

La CECOR informó que básicamente se trata de dineros relacionados con infraestructura que pertenece a la Iglesia Católica, declarada por el propio Estado como Patrimonio Histórico Arquitectónico de todos los costarricenses.

De igual forma, el informe incluye dineros relacionados con la subvención que da el Estado a las escuelas y a los colegios pertenecientes a la Iglesia, como lo hace con otros colegios con un carácter social, los cuales benefician a miles de estudiantes en todo el país.

Incluso, el estudio de Hacienda hace mención del dinero para el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de San José, el cual según la ley 6475 (y no el artículo 75 de la Constitución Política) obliga al Poder Ejecutivo a procurar una financiación suficiente para resguardar los documentos, de valor histórico incalculable y a disposición de todos, que allí se conservan. 

Se cuestionó a la diputada sobre si está de acuerdo o no con que el Estado aporte para el mantenimiento y reconstrucción de templos que son patrimonio arquitectónico de todos los costarricenses, respondió que “en ese asunto hay una ley que regula esto”, pero precisamente ese tipo de aportes son los que se incluyen en el informe de Hacienda que ella utilizó para fundamentar la justificación de su proyecto de ley.  

La misma semana que la diputada presentó su iniciativa, trascendió que el desempleo continuaba en aumento y alcanza ya el 12%, y que gracias a la amnistía fiscal promovida por el gobierno se les perdonó a compañías piñeras entre 2.250 y 6 mil millones de colones. 

Sobre esto la diputada dijo que Hacendarios es responsable de los fondos públicos y que su fracción (Partido Unidad Social Cristiana) anteriormente pidió a Hacienda los nombres de la lista de evasores, sin detallar alguna iniciativa o proyecto específico presentado por ella en contra de la evasión y elusión fiscal. 

Obispos a favor de sana laicidad

Los obispos costarricenses han reiterado que no se oponen a un Estado Laico, no obstante, aclaran que están a favor de un Estado en el que prime la sana laicidad y se respete y la valore la presencia del factor religioso en la sociedad.  

A pesar de la información errónea que brindó en Telenoticias, Monge asegura que la idea es promover un Estado Laico y no uno laicista, también añadió que es respetuosa de la Iglesia Católica y reconoce la labor social que realiza.

No obstante, la diputada, quien se congrega en la Iglesia Luz de Mundo, considera que hay desigualdad en el artículo 75 de la Constitución Política, pues, según dijo, hace “ciudadanos oficiales y no oficiales”, por lo que su intención es que haya igualdad y respecto a la pluralidad religiosa, tal como ya dice el Artículo 33 de la Constitución Política, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

 

 

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