La ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores entró en vigencia en 2020. Establece penas de cárcel en casos de abandono y negligencia en detrimento de personas adultas mayores, que van de un mes hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, en el transcurso de dos años hubo 8.000 denuncias por abusos, maltratos, abandono y otras situaciones. De todos los procesos, apenas dos terminaron en condena, según denuncia el Conapam (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor).

Esta afirmación se realiza con base en un estudio solicitado al Poder Judicial, el cual analizó los 8.186 casos de abandono de adultos mayores y casos de agravación, abandono de incapaces y explotación de personas adultas mayores, ocurridos entre enero de 2019 y diciembre de 2022. Como se mencionó, tan solo un par de ellos terminaron con una condena.

La Ley 9.857 buscaba saldar una deuda histórica con la población adulta mayor, que ha sido tan vulnerable, como reconoció el presidente en ese momento, Carlos Alvarado. No obstante, en la práctica parece que no se ha aplicado y que existe una completa impunidad.

Las penas son de 6 a 10 años de cárcel cuando el abandono lleve a la muerte de la persona adulta mayor; entre 3 y 6 años, cuando el abandono cause daños graves en su salud; y entre 6 meses y 3 años, cuando se ponga en peligro la salud física o psicológica.

A pesar de esto, el Conapam sigue recibiendo denuncias que, como ya se mencionó, de seguir la tendencia no llegarán a ningún tipo de condena.

Los adultos mayores representan un 10% de la población total de Costa Rica (son 526 135 ciudadanos). Prácticamente duplica el porcentaje que había en 2003 (5,6%), pero lo más llamativo quizá es que alcanzará el 17,6% en el año 2043.

Recientemente ha resonado nuevamente en El Salvador y en toda Latinoamérica el Caso de Beatriz y otros vs. El Salvador, que refiere al de una mujer salvadoreña en situación de extrema pobreza, a quien en el año 2013 se le impidió acceder a un aborto.

Ante la situación, con el apoyo de grupos a favor de la práctica del aborto en ese país, se llevó adelante un proceso legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyo fallo, con posibles repercusiones en todo el continente, tiene lugar hoy 22 y mañana 23 de marzo aquí en San José, donde está la sede de la Corte.