Costa Rica no produce lo suficiente para proveerse de alimentos básicos, por lo tanto, debe recurrir a comprar a otros países esa comida que necesita, es decir, depende de las importanciones para su abastecimiento.
Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), informó que el país hoy solo produce el 20% de los frijoles que se consumen y el 35% de la demanda de arroz.
De acuerdo con un informe de la CEPAL, entre el 2000 y el 2018, en Costa Rica las importaciones de maíz pasaron de 64% a 99,4%; de un 0,5% a un 54,5% en arroz y de 65% a 79,6% en frijoles.
Asimismo, el área dedicada a la producción de granos básicos en el país bajó en un 50%, entre el 2000 y 2018, según la Secretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) del MAG.
Debido a la pandemia por el Covid-19, existe el riesgo de que Costa Rica tenga problemas para obtener alimentos, ya que los estados podrían limitar sus exportaciones para asegurar su mercado interno.
De hecho, Rusia, el principal exportador de trigo, suspendió sus exportaciones de este y otros cereales (centeno, cebada y maíz) hasta el 1 de junio.
Además, y aunque haya abastecimiento, los costarricenses podrían tener dificultades a nivel económico para adquirir los productos en un país que, antes de la crisis, ya tenía un 21% de índice de pobreza y un creciente desempleo que llegaba al 12,5%.
Sumado a esto, el Banco Central informó que la economía de Costa Rica caerá a -3,6% del PIB. Antes de la Emergencia Nacional la meta de crecimiento estaba en 2,5%. El panorama para cientos de miles de costarricenses se muestra incierto.
El país depende “marcadamente de las importaciones”
De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (PEN), aunque todavía no se conoce la magnitud de los impactos de la pandemia, el hecho de que el país “dependa marcadamente de las importaciones para cubrir el consumo de granos básicos, parte central de su alimentación, introduce un nivel de incertidumbre que es necesario enfrentar”.
Según señala la investigadora del PEN Karen Chacón Araya, si bien, el gobierno ha aclarado que por el momento no existen riesgos de desabastecimiento, Costa Rica podría enfrentar durante y después de la emergencia por el Covid-19 retos en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
Esto podría suscitarse tanto por posibles cambios a nivel internacional, como principalmente -dice ella- por el aumento en la vulnerabilidad social de grandes sectores de la población.
Consultada por Eco Católico, Chacón señaló que ella no discute si hay que importar más o menos, sino que la evidencia demuestra que existe una gran dependencia de las importaciones, la cual ha crecido a lo largo del tiempo, y esto puede representar un riesgo en situaciones como la actual.
¿Qué pasaría por ejemplo si a esto que vivimos se agrega una crisis climática? No se trata de prefigurar una tragedia, pero sí de analizar los posibles peligros.
Como explica la investigadora, Seguridad Alimentaria es mucho más que la disponibilidad de los productos, por lo tanto, habló sobre el acceso a alimentos.
La caída en los ingresos de cientos de miles de hogares puede provocar que las personas tengan dificultades para obtener esos productos. Incluso, antes de la pandemia, el país ya tenía un serio problema, pues -según comentó- entre el 6% y el 7% de la población, dependiendo del año, no tiene capacidad económica ni siquiera para comprar la canasta básica alimentaria.
De país productor a país importador
Costa Rica pasó de ser un país orientado a la producción de granos básicos a uno que cada vez siembra menos lo que se come y debe importarlo.
“En las últimas décadas se ha observado una reducción importante del área que se dedica al cultivo de granos básicos, como arroz, maíz y frijol, y esto coincide con esta dinámica que planteábamos del aumento en la dependencia de importaciones”, comentó Chacón.
Pero también explicó que este cambio en la estructura productiva del país, gestado desde 1984, no es del todo negativo, según argumenta, pues el país comenzó a exportar productos que han generado un impacto positivo en diversos ámbitos de la economía, a pesar de las implicaciones.
“Aunque no hay problemas de abastecimiento sí hay riesgos, y uno de esos tiene que ver con la alta dependencia de las importaciones”, expuso.
Y aseveró: “Los datos duros nos permiten decir que en los últimos años la dependencia en las importaciones para cubrir demanda en granos básicos como arroz, frijol o maíz ha aumentado, los datos duros nos permiten decir que se observa una reducción en el área que se dedica al cultivo de esos productos”.
Pobreza extrema y seguridad alimentaria
Según comentó el Pbro. Edwin Aguiluz, secretario ejecutivo de Pastoral Social-Cáritas, hace 12 años el país se vio estremecido por una crisis alimentaria a nivel mundial, en ese momento “quedó claro que el modelo agrícola impulsado en el país durante 20 años, en ese entonces (…) reforzó la inseguridad alimentaria”.
Agregó que en aquel momento se desincentivó la producción que garantizaba buena parte del consumo nacional, pues el objetivo era promover la exportación de productos no tradicionales, bajo la premisa que el dinero generado permitiría comprar productos alimenticios más baratos en el extranjero.
De acuerdo con el representante de Cáritas, a pesar de que en esa época se advirtió sobre la urgencia de ractificar el plantemiento agroalimentario, incluso desde el MAG, esto no se llevó a cabo.
“A la crisis actual por el Covid-19, se pueden sumar otras crisis coyunturales como la del 2008, la escalada de la especulación en los mercados internacionales, cambios drásticos en las políticas comerciales de los países exportadores… Además, estamos en una crisis climática, que amenaza la estabilidad de los grandes monocultivos en el mundo”, expresó.
Desde el punto de vista de Caritas -declaró- “seguridad alimentaria no significa solo contar con la capacidad de abastecimiento seguro del mercado alimentario, sin depender del mercado internacional y con soberanía en la definición de las políticas para el sector agrario, sino también, que estén asegurados los alimentos para toda la población nacional”. “Mientras haya pobreza extrema, que se mide por el indicador de incapacidad de ingresos para adquirir la canasta básica alimentaria, no podemos hablar de la existencia de seguridad alimentaria en un país”.
Sistema de comercialización perjudica a agricultores
El propio Ministro de Agricultura Renato Alvarado afirmó que las políticas de las tres últimas décadas “desmantelaron el aparato productivo, los centros de acopio y los programas de promoción de la siembra de granos básicos”.
Asimismo, ha expuesto que el crédito para el agro ha caído del 10% a menos del 3% del total del crédito que se otorga a nivel nacional.
Pero el principal problema que los agricultores dicen enfrentar es la injusta comercialización de sus productos.
“Un agricultor puede recibir 200 colones por un kilo de cebolla, pero a usted como consumidor en el supermercado se lo venden en 1800 o 2000 colones”, este fue el ejemplo que ofreció por su parte Olman Montero, agricultor y miembro de la Pastoral de la Tierra de la Diócesis de Cartago.
Este productor detalló que, en la actualidad, en el proceso de intermediación existente el precio sube en cada etapa, por lo que la riqueza queda en otras manos y no en quienes producen.
El representante asegura que a veces ni siquiera les compran los productos al costo de producción, por lo que al final solo tienen pérdidas.
“Yo le vendo a un comerciante, ese comerciante le da un valor agregado, se lo vendo a otro, este se lo lleva al CENADA (Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos) y se lo vende a otro, este se lo vende a una verdulería… todos le van sumando al producto y al final el precio es muy diferente”, precisó Montero.
Según este integrante de la Pastoral de la Tierra, la situación de los agricultores es crítica desde hace varios años y
Pastoral de la Tierra propone novedoso sistema de comercialización
La Iglesia cartaginesa, a través de la Pastoral de la Tierra, ha brindado acompañamiento a los agricultores de Cartago. Se buscó el apoyo de la Universidad de Costa Rica (UCR) para encontrar soluciones técnicas al problema de la comercialización.
Se propuso entonces la creación de un sistema de subastas en manos de los agricultores. Al parecer, esto se ha hecho en otros países para evitar situaciones como las que viven los productores nacionales.
De esta forma, los agricultores se organizaron y solicitaron ayuda para financiar un estudio de factibilidad, el cual fue llevado a cabo por la UCR, este respalda la creación de un sistema de subastas.
Esto significaría un cambio de paradigma en la comercialización. El siguiente paso es conseguir el apoyo político y económico para hacerlo realidad. Sin embargo, el mismo Montero, afirma que, aunque la nueva estructura no pretende perjudicar a nadie, hay personas y empresas con intereses muy grandes que prefieren que todo siga igual.
Este productor cartaginés señaló que hay grandes cadenas que presionan a los agricultores para mantener los precios lo más bajos posibles para así ganar más, incluso una medida de presión es negarse a comprar en el mercado nacional y pedir más importaciones, aun cuando les cueste más, con tal de que los agricultores acepten sus condiciones.
“Los grandes medios de comunicación no publican esto porque hay intereses muy grandes y porque esos grupos son quienes les pagan la publicidad”, denunció.
Montero asegura que este sistema de subasta posibilitaría transparentar las cosas. “Es una nueva manera de comercialización en manos de los agricultores, sobre todo a favor del pequeño agricultor”, dijo.
