Se trata de un proyecto impulsado por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Vita Monge, quien el año pasado brindó datos falsos respecto a fondos que el Estado gira a la Iglesia Católica.
En medio de la situación de crisis por la pandemia y la crisis socioeconómica que vive el país, los diputados de la República podrían entrar a discutir un proyecto de Ley para declarar a Costa Rica un Estado Laico, con la supuesta intención de respetar la pluralidad de religiones que existen en el país
Sin embargo, líderes religiosos de diversas denominaciones están en contra de esta propuesta tal como está. La carta está firmada por representantes de la Alianza Evangélica, Asambleas de Dios y otras iglesias cristianas.
Los suscriptos se oponen al proyecto pues consideran que “la propuesta de reforma al artículo 75 y 194, no mejora en nada la tutela del derecho humano a la libertad religiosa, que incluye la libertad de conciencia y de culto, al contrario, la aprobación del texto propuesto empobrecería el sano disfrute de la libertad religiosa que hoy goza el habitante de la República”.
Asimismo, señalan que: “El artículo 75, tal como está redactado en nuestra Carta Magna, no solo se refiere a la Iglesia Católica, sino que es viable para darle seguridad jurídica a la libertad religiosa del resto de religiones que son propicias y acordes con nuestra idiosincrasia, Ordenamiento Jurídico y forma de ser”.
“Así, -añaden- desde la aprobación de la Constitución Política hasta nuestros días, la tutela de la libertad de conciencia y de la libertad de culto, se ha visto amparada a este artículo 75 y refleja la diversidad de credos y confesiones religiosas que se han integrado a la sociedad costarricense”.
“Asimismo, la Sala Constitucional ha desarrollado el contenido de estas libertades y esta propuesta actual empobrece el contenido de dichos derechos inmanentes al ser humano y los hace susceptibles de ser menoscabados mediante una ley. Lo cual consideramos muy peligroso”, dice la misiva enviada a los legisladores.
Diputada mintió en medios de comunicación
El año pasado la diputada Monge dijo en Telenoticias que: “En el último año más de 3.500 millones se le dieron a la Iglesia Católica, dinero que todos los contribuyentes de este país hemos dado y lo cual es injusto”.
No obstante, cuando el Eco Católico le preguntó a la integrante del Partido Unidad Social Cristiana si sabía a qué correspondían esos fondos y para qué se utilizaban, no supo responder, únicamente dijo que lo vio en un informe del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, el informe que envió a través de su encargado de prensa ni siquiera era del último año, sino del período 2010-2015 (Eco Católico posee dicho informe y el de los últimos cinco años).
Incluso, aunque Monge mencionó en la entrevista que se apoyó en dicho documento para hacer la justificación del borrador del proyecto de Ley, la referencia que aportaba en ese documento es una nota periodística de La República, publicada el 20 de abril de 2016.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica, CECOR, informó, nuevamente, que desde el 2015 en adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dejó de girar dinero a la Iglesia Católica.
Los fondos que gira el Estado a la Iglesia son en su gran mayoría para centros educativos católicos que, como otros centros educativos privados, reciben una subvención estatal. Otros tienen que ver con edificios que son Patrimonio Arquitectónico, los cuales el Estado está obligado a proteger y, aun así, muchos son mantenidos gracias al aporte de fieles y empresa privada.
Posición de la Conferencia Episcopal
Los obispos costarricenses han reiterado que no se oponen a un Estado Laico, no obstante, aclaran que están a favor de un Estado en el que prime la sana laicidad y se respete y la valore la presencia del factor religioso en la sociedad.
“Cualquier discusión sobre la reforma al citado artículo 75 constitucional merece una reflexión serena del concepto de Libertad religiosa a la luz de la doctrina de Derechos Humanos y del desarrollo de nuestro estado democrático”, cita una carta firmada por los Obispos costarricenses a los diputados de la República.
Los prelados llaman la atención de que el autonombrado “Movimiento por el Estado Laico” no nace en el sector de los creyentes católicos o no católico, sino entre quienes se presentan como agnósticos o bien ateos, así como de colectivos abiertamente contrarios a la visión cristiana de la realidad.
Estos “enarbolan el argumento de la “arreligiosidad” del Estado, entendido este concepto como la exclusión de los ámbitos públicos de signos, conceptos o ideas religiosas, y proponiendo no solo la simple separación del Estado y el fenómeno religioso, sino la indiferencia estatal o hasta el rechazo del Estado a esta dimensión puramente humana”.
De acuerdo con los obispos los diputados proponentes de esta reforma constitucional, asumen acríticamente un texto salido de un sector que bajo la apariencia de una “laicidad benévola” pretende una “neutralidad del Estado en materia religiosa”, la cual “no viene a aportar ningún beneficio o protección añadida a la libertad religiosa de los habitantes de la República”.
“Sino más bien -agregan- que está amparada a una justificación que resuma de prejuicios marcadamente anti-católicos; los cuales representan a una minoría de la población, proponiendo así un texto que no refleja un correcto desarrollo de la Libertad religiosa como Derecho Humano de Primera generación y de fundamental importancia no solo en correcta concepción de un Estado democrático, sino también especialmente necesario en el desarrollo de la Persona Humana; asumiendo una visión individualista y sesgada del fenómeno religioso”.
Los obispos costarricenses han reiterado que no se oponen a un Estado Laico, no obstante, aclaran que están a favor de un Estado en el que prime la sana laicidad y se respete y la valore la presencia del factor religioso en la sociedad.
